Es una asociación civil que mantiene un sistema autónomo de administración de agua en el municipio de Tecámac, Estado de México. Su lucha principal es la defensa del agua y la sustentabilidad de la Cuenca de México.
El Sistema de Agua Potable de Tecámac se ha opuesto a los procesos de urbanización NO sustentables, que han facilitado el incremento de construcciones inmobiliarias e industriales, y que han propiciado el abatimiento del acuífero subterráneo Cuautitlán-Pachuca.
Además, fue impulsor de la Escuelita del Agua para capacitar técnica, administrativa y políticamente a los sistemas comunitarios de agua en México, para que de este modo resistan el embate privatizador.
En esta lucha, ha resistido a los intentos de municipalización del agua, que a su vez ha implicado: despojos, actos de abuso de autoridad y de represión por parte del gobierno.
Es una organización, sin fines de lucro, que defiende el Medio Ambiente en la región Tolteca del sur del Valle del Mezquital, considerada una región de sacrificio, debido a que la población enfrenta una emergencia sanitaria y ambiental a causa del desarrollo industrial altamente contaminante.
Está integrada por colectivos de cuatro municipios, Apaxco, Estado de México; Tula, Atitalaquia y Atotonilco de Tula, Hidalgo, que de manera coordinada han trabajado en el análisis y acompañamiento institucional, para enfrentar los problemas ambientales de la región, a causa de la operación de las cementeras, la hidroeléctrica, la petroquímica y la industria de los fertilizantes.
Durante varios años ha buscado la regularización de estás industrias, y se ha opuesto a la incineración de residuos sólidos, principalmente en hornos cementeros.
Al enfrentarse a estas grandes industrias, lxs integrantes de la fundación han sufrido amenazas, intimidación y el asesinato de Abisaí Pérez Romero, uno de sus compañeros, ocurrido en febrero de 2023.
Desde los años sesenta, el pueblo indígena y originario de Coyotepec ha administrado su agua potable de forma autónoma y desde el 2013 la ha defendido de los gobiernos que han intentado municipalizarla.
Como consecuencia, los defensores han sufrido actos de hostigamiento, represión, privación ilegal de la libertad, fabricación de delitos y encarcelamiento.
Por esa razón, la comunidad, a través de la Administración de Agua Potable y del Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec ha recibido el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú -ubicado en el municipio de Nicolás Romero- es una comunidad autónoma que históricamente se ha regido por sus usos y costumbres, y ha defendido su derecho a la autonomía y libre autodeterminación.
Una de sus principales luchas -por la cual el pueblo ha sido agredido y hostigado- ha sido la defensa de su bosque contra la imposición del proyecto de desarrollo inmobiliario “Bosques del Paraíso” que pretende la construcción de miles de viviendas.
El proyecto no solo atentaría contra el bosque, la fauna y las reservas de aguas subterráneas, si no también transgrediría el sistema tradicional de gobierno autónomo y el modo de vida de los Otomíes que se resisten a ser despojados e invisibilizados.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización campesina que se desarrolló principalmente en el municipio de Atenco, y lucha por la defensa de la tierra. Actualmente busca la restitución de más de cinco mil hectáreas que fueron despojadas a campesinos para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, el cual finalmente fue cancelado como resultado de la lucha social.
En mayo del 2006, el pueblo de San Salvador Atenco sufrió una de las represiones más violentas, cuando el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo policíaco en los municipios de Atenco y Texcoco, el cual estuvo caracterizado por el uso de la violencia extrema, tortura y criminalización de los defensores, lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas, decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y más de 200 personas detenidas y torturadas.
Llano Grande Azcapotzaltongo, ubicado en el municipio de Nicolás Romero, busca el reconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La comunidad se ampara de una escritura virreinal que data de 1537, para defender jurídicamente los terrenos de siete mil habitantes.
En junio de 2022, Leticia Cruz y Mauricio Lopez fueron arbitrariamente privados de su libertad, lo que generó diversas movilizaciones por la libertad de ambos, quienes posterior a un litigio estratégico fueron reconocidos inocentes y puestos en libertad en marzo de 2023.
Esta comunidad se caracteriza por
estar constituida principalmente por mujeres,
quienes en su gran mayoría son cabeza de familia y quienes se hacen cargo del cuidado de familias enteras. Su trabajo colectivo a facilitado que la comunidad tenga mejoras en los servicios básicos como agua y drenaje así como espacios comunes.
